Rechazan impuesto del 8% a las motocicletas en la reforma tributaria

La Cámara de la Industria Automotriz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), y la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa), rechazaron la propuesta de imponer un impuesto al consumo de 8 % para todas las motocicletas en el país.

“Gravar a todas las motocicletas con el impuesto al consumo de 8 %, adicional a la tarifa actual de IVA del 19 %, afecta el bolsillo de más de 8 millones de colombianos de los estratos 1, 2 y 3, en aproximadamente medio salario mínimo”, indicaron los gremios en un comunicado.

Los gremios argumentan que la motocicleta es el medio de transporte más popular en Colombia, ya que es utilizado por más de 4,1 millones de hogares que representan el 28 % del total de familias del país.

“Uno de cada siete colombianos se mueve en moto, vehículo que constituye una solución económica y eficiente de movilidad, en la medida que mejora la calidad de vida de sus usuarios, es el medio de transporte óptimo en las zonas rurales y apartadas, y se usa principalmente como herramienta de trabajo para servicios a domicilios y mensajería”, señalaron.


Los gremios también indicaron que el impuesto al consumo tiene como propósito gravar bienes o servicios suntuarios y de lujo, por lo que no se entiende ese gravamen a las motocicletas, ya que son productos de consumo masivo utilizadas por la población vulnerable y de escasos recursos, por lo que no se les deben aplicar más impuestos.

“El mercado actual de motocicletas es de 550.000 unidades, con un precio de venta promedio de 5 millones por moto. Según la ponencia, el legislativo aspira a recaudar 400.000 millones de pesos, sin embargo, se estima que con el nuevo impuesto el mercado se contraería en 20 % y el recaudo neto estimado solo sería de 57.000 millones de pesos, mucho menor a lo esperado”, argumentaron.

Finalmente, el sector de la industria automotriz resaltó que el 95 % de las motocicletas que se venden en el país son fabricadas en Colombia, por lo que el impacto negativo de este nuevo impuesto pone en riesgo la seguridad jurídica de los industriales y los 72.000 empleos que genera en la actualidad la cadena productiva del sector.

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