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La Corte Suprema de Colombia ordena la libertad del exjefe de las FARC Jesús Santrich

El periplo judicial del excomandante de las FARC Jesús Santrich ha provocado en las últimas dos semanas un terremoto político en Colombia. La Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria del país, escribió este miércoles el que, por el momento, es el último capítulo de su procesamiento. El alto tribunal ordenó la puesta en libertad del exguerrillero para que pueda ser juzgado por narcotráfico como aforado. La decisión fue adoptada por unanimidad un día después de que el Consejo de Estado resolviera que Santrich mantiene su investidura de congresista aunque nunca tomara posesión. Según lo estipulado en los acuerdos de paz, la antigua guerrilla tiene garantizados diez escaños durante dos legislaturas repartidos entre Cámara de Representantes y Senado.

El pasado 16 de mayo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los crímenes del conflicto armado, ordenó la liberación del excombatiente, que llevaba más de un año preso y es reclamado por la justicia de Estados Unidos. Además, aplicó una garantía de no extradición contemplada en lo pactado entre el Estado y las FARC. Ese fallo desató una tormenta institucional. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, presentó de inmediato su renuncia por no avalar la decisión. A ese polémico e inusual gesto se sumó la dimisión, al día siguiente, de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

Sin embargo, cuando estaba a punto de salir a la calle en silla de ruedas, Santrich fue detenido nuevamente a las puertas de la cárcel de máxima seguridad de La Picota, en Bogotá. En esta ocasión, bajo cargos presentados por la justicia ordinaria. Según la Corte Suprema, esa tampoco puede ser la vía para enfrentarse a la ley. “El fuero no es un privilegio personal sino busca el amparo de la investidura», señala el alto tribunal. «Si, en el presente caso, el Consejo Nacional Electoral reconoció el nombramiento de Seuxis Paucias Hernández Solarte [verdadero nombre de Santrich] como congresista y, además, negó la pérdida de tal investidura a pesar de no posesionarse en la fecha indicada (debido a razones ajenas a su voluntad), se desconocería la dignidad del cargo que la persona conlleva al permitir que autoridades diferentes a la Corte Suprema de Justicia puedan investigarlo, juzgarlo o afectarlo con medidas restrictivas de la libertad», continúa la providencia.

Así las cosas, «sería contrario a los derechos fundamentales del aforado constitucional mantenerlo privado de la libertad». La Corte establece además que los funcionarios de la Fiscalía que recapturaron a Santrich «no tenían competencia para su aprehensión y legalización». Tras conocer el fallo, la Procuraduría General de la Nación, el órgano de control de la función pública, solicitó al tribunal que a través de su Sala Especial de Instrucción ordene la captura del exjefe de la insurgencia «para ser escuchado en indagatoria por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado».

El presidente, Iván Duque, también manifestó su disconformidad, aunque acató la decisión. «He sido siempre respetuoso de la institucionalidad y de la independencia de poderes, pero también me corresponde a mí hablar como colombiano y expresar que el narcotráfico es un delito que le ha hecho un daño enorme a esta sociedad», afirmó el mandatario antes de enfatizar: «No podemos dejar de llamar a las cosas por su nombre. Alias Jesús Santrich es un mafioso y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína».

Las acusaciones formuladas llevan más de un año tensando la política colombiana. El exguerrillero fue detenido en abril de 2018 a petición de un juzgado de Nueva York con el cargo de conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Ese episodio acabó ahondando también el descontento de algunos sectores de las antiguas FARC, hoy desmovilizadas. El caso Santrich es un ingrediente omnipresente en los pronunciamientos y en las reivindicaciones de los dirigentes del partido que nació del grupo insurgente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. También está en el trasfondo del distanciamiento entre el líder de la formación, Rodrigo Londoño, Timochenko, y antiguo número dos y negociador de los acuerdos, Iván Márquez, que hoy se arrepiente de haber dejado las armas. Timochenko exigió la semana pasada autocrítica a Márquez por los vínculos que Santrich mantuvo con un familiar suyo. En su opinión, la situación por la que atraviesa la organización sería menos complicada «de no existir esa extraña y peligrosa relación con su sobrino Marlon Marín, relación que terminó por enredar a Santrich y enlodar nuestro trabajo político». «Aquí cabría también una sincera autocrítica de Iván», le reclamó.

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